La Nueva Constitución de la Ciudad de México y la Nueva Ley de Vivienda fueron aprobadas el pasado mes de enero por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México cuyas leyes comenzarán a aplicarse en septiembre de 2018 . Está constituida por 71 artículos generales y 40 transitorios donde se incluyen aquellos temas pertinentes de tomar en cuenta en el mercado de los Bienes Raíces. Las nuevas leyes establecen cuál será el papel de los jugadores de los Bienes Raíces, tales como el Gobierno, la IP y nuevos sistemas de información.
Nuevas responsabilidades inmobiliarias
Entre las responsabilidades que tendrá el sector inmobiliario, se menciona en el artículo 16, inciso C, numeral 4 que la compensación del desarrollador ahora será completamente obligatoria con el objetivo de reducir el impacto urbano y mejorar «el equipamiento urbano, infraestructura vial e hidráulica, y espacio público». La ley será la encargada de aplicar dichas comisiones en las zonas de afectación.
El artículo 16E, numeral 2b establece que la densidad y las reglamentaciones de construcción se deberán hacer en conjunto con la Iniciativa Privada, las autoridades, los organismos federales y locales y los promotores sociales «con base en las políticas de suelo urbano y reservas territoriales». El Gobierno de la Ciudad de México, en concreto, es quien estará facultada de transmitir el uso a los particulares y establecer los impuestos según lo que indique la Ley. «Establecerá los mecanismos necesarios para garantizar dichas compensaciones en los casos de responsabilidad de las empresas inmobiliarias, y podrá expropiar, demoler y rehabilitar inmuebles riesgosos (Inciso I, 1d)”.
La Nueva Ley de Vivienda
En un principio el Gobierno de la CDMX tenía las facultades de generar e implementar mecanismos para la captación de las plusvalías con el objetivo de mejorar el espacio público, «(…) para la adquisición de reservas territoriales, para la construcción de vivienda de interés social y popular, y la producción social del hábitat y vivienda”. Conforme a las últimas modificaciones, el Artículo 94, explica que los recursos generados por las plusvalías ahora serán entregados por la Ciudad de México a través de las empresas desarrolladoras: “El Gobierno de la Ciudad de México, destinará los recursos recabados por concepto de mejoras, medidas de mitigación y/o incrementos a la densidad, por parte de empresas desarrolladoras, al mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y, en general, del entorno de la zona donde se llevó a cabo el desarrollo”.
En los artículos 37 y 39, la Nueva Ley de Vivienda establece la creación de un Consejo de Vivienda para analizar las propuestas de los sectores privados y públicos. En el 61 se contempla la promoción de vivienda en renta con opción a compra, tipo leasing. En el artículo 64 se habla de la promoción de vivienda usada y el 69 incluye la contrucción de viviendas en un esquema de cooperativas.
Para evitar la corrupción imperante en la Ciudad de México, el Artículo 104 prevé un Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano para la Ciudad de México. Este organismo tendrá como objetivo el registro de las propiedades para hacer transparte la oferta y demanda. Por otro lado, las sanciones se encuentran estipuladas en los artículos 107, 114 y 117.
Según Mario Vázquez Barrios, colaborador del sitio web Real Estate Market, la Nueva Ley continúa sin concretar temas importantes como la garantía de derechos y se traslapó en una Ley de Vivienda que ya había sido consensuada. Para él el Constituyente «no tuvo una agenda real de Ciudad». Dunia Ludlow, diputada local del PRI e impulsora de la Nueva Ley de Vivienda, explicó que el Constituyente tendrá que enviar sus observaciones a la Asamblea Legislativa.
Sin duda alguna es de suma importancia lograr completar una Ley transparente que optimice la relación entre los desarrolladores inmobiliarios y el gobierno para fortalecer la infraestructura y las condiciones de vivienda de una Ciudad en constante expansión; tan sólo para 2030 la población que vive en edificios pasará de 700,000 a 1,500,000 habitantes.
** Artículo original Sector inmobiliario ante la nueva constitución en CDMX en realestatemarket.com.mx
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